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Luego de la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación, la iniciativa se trataría en dos o tres semanas en el Senado. En caso de aprobarse, los hospitales públicos deberán garantizar el derecho a las mujeres a acceder a esta práctica hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.

Uno de los mayores interrogantes que se plantean las autoridades de los nosocomios mendocinos es cómo adaptarán sus maternidades para atender los casos. En principio, sostienen que el problema no radica en el cambio en la organización del nosocomio, salvo en lo que respecta al personal, ya que para dar cumplimiento a la ley deberán contar con "un profesional que asegure la utilización de la mejor práctica disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y una atención ágil e inmediata".

De las cuatro maternidades más importantes de Mendoza, en la del Perrupato, cerca del 100% de los profesionales del servicio de ginecología y obstetricia apelarían a la objeción de conciencia. Sólo a través de este argumento, el médico puede negarse a su realización, "siempre y cuando lo manifieste previamente, de manera individual y por escrito, y la comunique a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece", según reza el proyecto.

Aseguran que la infraestructura sanitaria está preparada para asistir todo tipo de problemáticas y que, además, no se modificaría el presupuesto destinado a estos servicios. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de Mendoza, durante el 2017 se registraron 2.224 abortos en la provincia, de los cuales 1.556 se produjeron fuera de un hospital y 668 dentro de un nosocomio. En tanto en 2.196 mujeres tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente.

Pese a esto datos, no existen números concretos de la cantidad de mujeres que llegan a urgencias como consecuencia de un aborto provocado, ya que estos pasan por el ocultamiento. Los médicos siguen el protocolo de actuación con la evacuación en caso de que sea un embarazo detenido o se realiza el raspado si quedan restos del feto y se cubre a la paciente con la medicación necesaria.

El Lagomaggiore

El hospital capitalino es la tercera maternidad de la Argentina y la más grande de la provincia. Durante el año pasado tuvieron que atender 727 abortos.

"Tenemos un Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo que nos dice cómo actuar en los casos de aborto no punibles. No sólo el área de maternidad interviene si no también la de salud mental", indicó Mario Bustos, director del Lagomaggiore quien señaló que en caso de avanzar con la ley se seguirá el mismo método de acompañamiento integral.

Para esto no se necesitaría un lugar especial de atención. "Seguiríamos el mismo recorrido, dependiendo de la gravedad de la mujer se verá en qué sector de la maternidad es internada, pasa a quirófano o a terapia", dijo.

El Perrupato

El director del hospital Alfredo Ítalo Perrupato de San Martín, Omar Dengra, señaló que no afectará el funcionamiento de su institución donde habitualmente este tipo de internaciones no duran más de dos días. Sin embargo afirmó que dependerá de "cómo y qué se apruebe".

El médico indicó que durante el 2017 atendieron 241 mujeres con abortos completos e incompletos y que no hubo sospechas de que estos fueran provocados.

En cuanto a la preocupación de los profesionales de la salud por el posible desembarco de la ley aseveró que cerca del 100% de sus médicos del servicio de ginecología han comentado que apelarían a la objeción de conciencia y que incluso muchos de ellos presentaron la declaración pertinente.

"Les recomiendo que esperen y si se aprueba que aguarden su reglamentación para analizar los pormenores antes de tomar una decisión", dijo y aclaró que de encontrarse con ese escenario habrá que contemplar la contratación de un médico con guardia pasiva o realizar la derivación correspondiente.

"Si no son urgencias y son programadas, son prácticas que no necesitarían gran infraestructura. Se podría buscar un hospital cercano con el personal y el equipamiento necesario. Tampoco vamos a tener a gente haciendo cola para hacerse un aborto", concluyó .

El Paroissien

Desde el Hospital Regional Diego Paroissien de Maipú, el más importante la región Metropolitana, su director Javier Salinas, indicó que han intervenido en 404 interrupciones de embarazos.

"En caso de aprobarse la ley no cambiaría nuestra infraestructura. El Estado deberá proveer médicos que no tengan objeción de conciencia y quieran realizar el IVE. Imagino que se verá resentido el sistema", refirió Salinas.

Por su parte, comentó que los médicos han presentado objeción de conciencia en relación al Protocolo de Aborto No Punible. "Quienes han aclarado su negación ha sido por razones morales y religiosas. Se tendrá que llamar de nuevo a todos los médicos", dijo.

El Schestakow

En el Hospital Teodoro Schestakow que funciona como referente del Sur provincial se han asistido 310 abortos.  Luis Vergani, su director, se limitó a declarar que esperarán "la normativa del Ministerio de Salud" de aprobarse la ley.

Por Redacción.