Claudio Bonadio emitió una orden de presentación -instancia previa al allanamiento- para que Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), una empresa cuyo principal accionista es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entregue información sobre el proceso licitatorio del Paseo del Bajo.
El juez tiene a su cargo una investigación por el modo en que se decidió cuáles empresas serían adjudicatarias de la millonaria licitación de la obra que usó como emblema el macrismo en la campaña electoral.
El caso comenzó por la presentación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez, quien denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sospecha de direccionamiento del principal tramo de la licitación.
La empresa IECSA, que era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra -la trinchera por la que circulan los camiones- por el que se presupuestaron 4.480 millones de pesos, pero la empresa lo cotizó en 3.183 millones. IECSA luego fue vendida a Marcelo Mindlin.
Rodríguez se presentó ante la Justicia federal para que se investigue la licitación luego de la denuncia que realizara en su fiscalía Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Los equipos técnicos de la Auditoría de la Ciudad detectaron irregularidades en el proceso licitatorio y eso fue la base de la denuncia.
El expediente le había tocado al juez Sebastián Casanello pero había una denuncia similar anterior en el juzgado de Bonadio, quien quedó a cargo del caso. En el escrito fueron señalados Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich; el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, el presidente y la jefa de Compras de AUSA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos, "y demás funcionarios públicos y particulares que resultaren responsables".
La fiscal que investiga junto a Bonadio es Alejandra Mángano, quien impulsó el caso y le solicitó colaboración a Rodríguez. Ya había habido un procedimiento similar en el que se incautó documentación en AUSA, que fue la que organizó la licitación.
la orden de presentación de hoy está basada en un pedido de Mángano (a instancias de Rodríguez) porque faltaba documentación para completar el análisis de la licitación. Las fuentes explicaron que se solicitó información sobre los sobres con las ofertas económicas presentados por todas las empresas que pujaron en la licitación. Las órdenes de presentación fueron dirigidas además de a AUSA, a la Escribanía General de Gobierno, a una escribanía particular y a las empresas.
Cuando presentó su denuncia, Rodríguez (basado en lo que describió Segura, auditora general porteña y dirigente kirchnerista) puso en dudas el mecanismo por el cual compitieron los consorcios Iecsa – Fontana Nicastro; Roggio – Cartellone – Soletanche Bachy; Corsan – Corviam; y Chediack – Salina Impregilo- Healy.
Para Rodríguez, es sospechoso que se haya "alterado la normativa aplicable" para que la empresa que se adjudicara un tramo de la mega obra no pudiera ganar otro tramo del mismo proyecto, aunque presentara la oferta más conveniente para las arcas estatales, "sin soporte racional de ninguna naturaleza", hecho que determinó "la eliminación de -unas de las compañías que ya había ganado un tramo- Corsan-Corviam en la adjudicación del tramo más caro, que fue ganado, de esta forma irregular, por Iecsa".
Para el fiscal debe investigarse la "alteración sustancial de la licitación" mediante circulares "inconsultas" que muestran "una maniobra burda e insólita, sospechosa per se".
El cambio de orden de la licitación determinó, según Rodríguez, que "de repente, los cuatro contendientes que aspiraban al premio mayor, -la parte de la obra- presupuestada en 4480 millones de pesos, competían entre sí para ver quién quedaba eliminado de esa chance, antes de empezar".
Ninguna empresa protestó. Y eso también le llamó la atención al fiscal que hizo la denuncia.
Fuente Infobae.
