El Gobierno Nacional alcanzó un acercamiento con la CGT al avalar que el sector privado otorgue un bono extraordinario de $ 5.000 a pagar en dos partes (noviembre y enero).

Esto generó un fuerte rechazo por parte de la mayoría de los representantes del empresariado local que lo consideraron “difícil de pagar” y como parte de una decisión “inconsulta” del Ejecutivo.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Producción, el Gobierno impulsará una “compensación” como un modo de recomponer el salario real de los trabajadores, y pese a que los empresarios mendocinos reconocen la pérdida del poder adquisitivo, debido a una inflación que a setiembre alcanza el 37,2% en Mendoza, aseguran que la caída en la actividad económica hará que les resulte difícil pagar el aguinaldo, y mucho más una gratificación de fin de año.

En este sentido se expresó Enrique Tarditi, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien señaló que actualmente las empresas se encuentran “trabajando a media máquina”, por lo que les será “imposible pagar un bono”. Desde su punto de vista “va a ser crítico hasta pagar el aguinaldo, aunque el Gobierno ofrezca canje por impuestos”.

No obstante, el empresario señaló que “habrá que esperar la letra chica del acuerdo para conocer el impacto que tendrá para las pymes, que son más de 40.000 en la provincia, con no menos de tres empleados cada una”.

En el sector comercial, Javier Gantuz, presidente de la Cámara de Comercio y Franquicias de la Ciudad, señaló que a pesar de tratarse de un “gran incentivo para el bolsillo del consumidor”, algo que podría ser a mediano plazo positivo para aumentar las ventas, “será difícil para el empresariado asumir el compromiso”.

Por su parte, Fernando Barbera, vicepresidente de Gastronomía en la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), comentó que “las empresas están en una situación crítica”, aunque expresó que un beneficio impositivo les permitiría pagarlo sin agravar el estado actual del sector. “La forma de pagarlo sería a través de un descuento posterior en IVA o en 931. Eso haría que  la plata llegue a las empresas que trabajan en blanco, y no sumarles un costo adicional”, afirmó.

Los empresarios de la construcción se manifestaron en la misma línea,Atilio Calzetta, titular de la Cámara de Empresas Constructoras de Mendoza (Cecim) comentó que aunque aún no han recibido un pedido formal del gremio (Ucora). “Será muy difícil que las Pymes de la construcción puedan pagarlo”.

Fuente: Los Andes