La fiscal Gabriela Boquín, fue quien denunció al Gobierno por un intento de «perdonar» casi la totalidad de la deuda que en éste momento  superaría los 4 mil millones de pesos del Correo Argentino con el Estado. La fiscal acusó a dicha empresa de pretender una nueva medida judicial para dejar impune su situación.

El Correo habría planteado que desconocía la legitimidad de la fiscal de Cámara para pedir un peritaje sobre sus libros contables, luego de que ella diera advertencia de que la firma habría estado apartando fondos, lo que implicaba un vaciamiento  en el expediente concursal, y había hecho uso del dinero para distintos tipos de operaciones de las controlantes Socma y Sideco, de la familia Macri, según informó diario Página 12.

A través de un escrito que se presentó en la causa, Boquín corroboró sus facultades y advirtió que la jueza Marta Ciruli le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado obstaculizarlo, que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial designado para esta cuestión.

Si bien el Estado dio marcha atrás con la condonación, aún no se avino a un nuevo convenio y, en cambio, pidió una prórroga que aún tiene efecto. Luego, la fiscal advirtió que durante 2016 la jueza Ciruli había autorizado a la empresa a hacer retiros de dinero por 10 millones de pesos, «en beneficio de otras empresas del grupo» y en «perjuicio de las cuentas del concurso».

La fiscalía corroboró que parte del dinero se usó para pagos de oficinas, sueldos y cargas sociales, honorarios y gastos contables ligados a Sideco S.A, a su vez controlada por Socma SA. Unos 2 millones de pesos se habrían pagado a Socma por acciones vinculadas al mercado automotriz, de acuerdo a la denuncia.

En ese contexto, Boquín pidió una pericia sobre libros contables del Correo ya que, según aseguró, hay irregularidades en cuanto a su composición, poca claridad sobre la necesidad o no de retirar fondos para afrontar gastos operativos.

«Pretender desconocerle a la fiscalía poder de actuación para lograr efectividad en las misiones y deberes funcionales que se le asignaron, implica un retroceso institucional inadmisible y contraría la ley con la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas en mis anteriores dictámenes», aseguró y concluyó la fiscal.

Fuente: El Destape