Antes de irse del Ministerio de Gobierno, el ahora juez de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, firmó el decreto Nº 1.208 donde se puso límites a los descuentos que se realizan en los sueldos de los empleados públicos.

Además de las deducciones que los empleados estatales tienen en su salario por ley, como jubilación y obra social, existen los descuentos voluntarios, aquellos que se desprenden de alguna afiliación, deuda o préstamo tomado por el empleado.

Con este decreto se estableció un nuevo ordenamiento de los Códigos de Descuento que se les otorgan a quienes hacen las deducciones. Estos códigos son los que utilizan los sindicatos, las mutuales, personas físicas y jurídicas, prestadoras de bienes o servicios, seguros de vida, seguros de sepelio, farmacia, proveeduría, entre otros, para descontar de los haberes de los empleados.

Anteriormente el límite de descuento era del 50% y con la nueva normativa ese porcentaje se redujo al 20% para garantizar que el empleado perciba el salario mínimo, vital y móvil. Por ejemplo si a un empleado público se le descuenta dinero de su haber por pedir un crédito, el descuento tendrá un tope del 20%.

Con la última liquidación del mes de agosto, el 41% de los estatales tuvo algún tipo de descuento voluntario en su salario. Es decir que, 40 mil de los 97 mil empleados públicos fueron alcanzados por deducciones en sus haberes.

Con este decreto además se endurecerán los controles para quienes realizan estos descuentos y a partir de ahora será el Ministerio de Gobierno la autoridad de aplicación del régimen y de la nueva normativa. Entre sus funciones se encargará de sancionar a los titulares de códigos que no cumplan con la disposición prevista.

“El trabajador tiene la opción de disponer de su salario con descuentos que acuerda con terceros pero la normativa estaba dispersa”, explicó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ulpiano Suárez.

“Hacemos un procedimiento para que cumplan con requisitos para saber bajo qué conceptos se descuenta, cómo son las cuotas. Verificamos si tienen las inscripciones legales, habilitaciones, normas impositivas vigentes y otros requisitos más específicos”, precisó Suárez.

A partir de ahora, los que actualmente son titulares del Código de Descuento tienen que adherir y aceptar esta normativa, y se les otorgará un plazo de 6 meses para que presenten la documentación solicitada, caso contrario habrá sanciones o retiro del Código.

Asimismo, según indica el decreto, se excluye del límite fijado precedentemente los descuentos correspondientes al pago de primas de seguros contratados por los agentes o funcionarios que sean abonadas mediante el sistema de Códigos de Descuento.

Fuente: El Sol