La Cámara de Diputados abrió esta semana la puerta a dos proyectos vinculados al aborto no punible, pero sólo uno de ellos tiene tratamiento inminente y probablemente se aprobará.

Se trata de la iniciativa de la diputada radical Ana María Andía, quien pretende derogar una ley de 2009 que impide vender en las farmacias el misoprostol, medicamento que se utiliza para abortar en forma ambulatoria, es decir, sin necesidad de internar a la paciente.

Este proyecto se trataría el miércoles que viene en el recinto de la Cámara Baja. Habrá libertad de conciencia en la votación, aunque la iniciativa de Andía tiene una base importante de consenso y se está imponiendo por una cuestión de sentido común: Mendoza y San Juan son las únicas provincias del país que no permiten que el misoprostol se venda bajo receta.

Hasta la Anmat (máxima autoridad nacional en materia de medicamentos) acaba de autorizar el expendio de una nueva versión de esta droga: Misop 200.

«Mendoza atrasa en todo sentido», dicen diputados radicales que respaldan la cruzada de Andía. Aunque las opiniones no son unánimes en materia de aborto. Esa división seguramente dejará para otro momento otra idea muy postergada: la sanción de un protocolo o guía para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Este miércoles, los diputados le dieron «preferencia con despacho» a los dos proyectos. Sin embargo, eso solo fue un gesto del radicalismo con el sector opositor que milita la guía del aborto no punible.

La propuesta, en este caso, corrió por cuenta de Lucas Ilardo, jefe del bloque de Unidad Ciudadana. Ilardo presentó a mediados de este año un breve proyecto para adherir a la guía para la ILE que aplica el Ministerio de Salud de la Nación y se encargó de recoger las firmas de los presidentes de todas las bancadas.

Hasta el presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, aceptó el pedido y firmó el proyecto del kirchnerismo. La única excepción fue Carina Segovia, jefa del bloque del PJ, aunque en su lugar firmó la diputada Patricia Galván.

El miércoles, cuando se votaron las dos preferencias, Segovia ratificó que se opone a la guía del aborto no punible. Fue una señal de que el protocolo todavía no puede avanzar, a pesar de que han habido múltiples intentos de aprobarlo en la Legislatura.

En la práctica, los abortos no punibles en Mendoza se hacen, porque no son ilegales en casos de abuso sexual o riesgo de vida para la mujer. El gobernador Alfredo Cornejo y el Ministerio de Salud lo han reconocido en varias oportunidades.

Sin embargo, el diputado Ilardo insiste en que la sanción de un protocolo es necesaria para que haya una atención integral de las personas que lo solicitan y «para evitar que por objeción de conciencia se pueda privar de derechos a una mujer».

No será esta vez y hasta Ilardo reconoció que la preferencia que se votó esta semana no era una garantía de tratamiento de su proyecto en el recinto.

Fuente: Medios