Hace algunas días se conoció el caso de una nena de 10 años que fue llevada por su mamá a un hospital infantil de Salta porque tenía fuertes dolores estomacales. Luego de que le practicaran los exámenes de rigor, se descubrió que atraviesa el quinto mes de embarazo (21 semanas). Allí, la nena confesó que era violada por la pareja de su madre. La historia despertó fuerte polémica en las últimas horas ya que se conoció que tanto la niña como la madre manifestaron su deseo de continuar con el embarazo.

La situación volvió a plantear el debate sobre las políticas de prevención y sobre los procedimientos para el acceso al aborto no punible, que se aplica cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre. En este caso las autoridades del hospital dieron intervención a la Policía y desde la Fiscalía se ordenaron medidas para avanzar en la investigación.

Si bien en Salta existe un decreto (1170/2012) que establece un período límite para acceder al aborto no punible de 12 semanas, lo que obligaría a la pequeña a continuar con su embarazo, desde el Gobierno provincial dijeron que tanto la nena como la mamá manifestaron su deseo de continuar con la gestación.

«Con respecto al caso de la menor salteña embarazada que tomó estado público, la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre, en un acta rubricada, de continuar con el embarazo», se difundió el lunes desde el Gobierno de la Provincia.

«La nena fue valorada médicamente y acompañada por todo el equipo interdisciplinario del Hospital Público Materno Infantil desde su ingreso. Asimismo, se continuará con el seguimiento durante todo el proceso», comunicaron desde los Ministerios de Salud Pública y Gobierno, Derechos Humanos y Justicia.

El caso tomó fuerte repercusión y las redes sociales fueron el lugar donde muchos opinaron al respecto. Algunas de las que mostraron su posición fueron Griselda Siciliani, Guillermina Valdez y Connie Ansaldi. Las dos primeras se habían manifestado anteriormente a favor de la despenalización del aborto, y Siciliani incluso expuso en el debate en Diputados.

Además de la conmoción, lo que ocurrió causó una fuerte polémica en la provincia, en cuanto a dos temas: el protocolo para acceder al aborto no punible y la intervención de asesores psicológicos. Desde diferentes sectores salieron al cruce y denunciaron que el protocolo lo único que busca es dilatar tiempos, influir en las decisiones y hacer desistir del aborto a las víctimas de violación.

«Por un lado está el Decreto 1170 y por otro el protocolo del Materno Infantil, que fija una asistencia psicológica. Tutelan a las mujeres que deciden hacer un aborto como si la situación no fuera suficientemente traumática, y como si no pudiera decidir individualmente», expresó Andrea Flores, antropóloga y docente universitaria que estudió el protocolo para asesorar al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres. En diálogo con el diario El Tribuno, la especialista también dijo: “Es llamativo que haya un gran número de mujeres que desistan luego de esta consulta”.

Para la presidenta del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Laura Postiglione, la niña no pudo acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo por los tiempos transcurridos. «El plazo es de 12 semanas y por eso no se lo ofrecieron», indicó. También hizo hincapié en la tardanza con la que llega la información en los casos de violación. «Generalmente las violaciones suceden en el seno familiar, las niñas no hablan por temor y hasta después de la semana 12 no se nota la panza. El plazo es totalmente inviable, es una restricción más», cuestionó.

Fuente: Medios