Mendoza implementó la Ley 9.682, que establece una responsabilidad directa de los padres ante casos de bullying protagonizados por sus hijos. La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, cuenta con el respaldo de la Dirección General de Escuelas (DGE). A partir de ahora, se exigirá a los tutores legales un rol activo en la vigilancia y orientación de los menores.
Quienes no adopten medidas para frenar el acoso tras ser notificados formalmente por la escuela enfrentarán duras sanciones legales. Las multas económicas estipuladas varían entre los $600.000 y los $1.260.000, dependiendo de la gravedad del hostigamiento. Además, la justicia podrá imponer hasta 30 días de tareas comunitarias o educativas como alternativa reparadora para los responsables.
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