TAF

La iniciativa apunta a una reforma procesal penal y fue presentada por el fiscal Santiago Garay en la Legislatura. El proyecto ya se está analizando.

La pandemia frenó la curva de muchos delitos menores en la Argentina, pero hizo crecer de manera exponencial a uno en particular: el electrónico. Según un reciente informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), los reportes que recibieron en el primer trimestre del año registraron un aumento que supera el 400%.  

En este contexto, el fiscal de Instrucción de Delitos Complejos, Santiago Garay, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal e incorporar la figura del “agente encubierto informático” en los casos de la investigación de ciberdelitos

Garay se presentó este miércoles en la Legislatura. Junto al subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, explicó los detalles de su iniciativa ante la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), presidida por el senador radical Marcelo Rubio.

El fiscal destacó en ese encuentro la necesidad de estas reformas, para acceder a información relevante en las plataformas digitales. "Por tal motivo se propone una modificación en el Código Procesal Penal de Mendoza incorporando normativa de la evidencia digital en la legislación procesal penal provincial", destaca un comunicado oficial.

La idea de Garay forma parte de un trabajo final de posgrado que realizó en el marco del “Programa de Actualización del Cibercrimen y Evidencia Digital”. El proyecto, que continuará siendo analizado y estudiado por los integrantes de LAC, contempla las siguientes modificaciones:

  • Artículo 29 bis: incorporación del Agente Encubierto Informático.
  • Artículo 216 bis: registro de un sistema informático e incautación de datos.
  • Artículo 220 bis: registro y secuestro remoto de datos, también llamado allanamiento remoto.
  • Artículo 220 ter: contenido de la autorización judicial para registros remotos.
  • Artículo 220 quater: limitación a la utilización de los datos encontrados en forma casual.
  • Artículo 224 bis: orden de presentación de datos informáticos.
  • Artículo 224 ter: aseguramiento de los datos informáticos almacenados.

Este proyecto fue presentado por Garay como ciudadano y utilizando la figura del artículo 122 bis del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, el cual autoriza a cualquier persona a presentar iniciativas de ley, resolución, declaración o pedido de informe en la Legislatura.

D´Agostino manifestó el apoyo del Ejecutivo a esta presentación, argumentando que se trata de una iniciativa "muy buena", sobre la evidencia digital “que es diferente a la evidencia física".

"Esta sería la primera provincia del país en avanzar sobre esta temática", indicó el funcionario.

Fraudes electrónicos

Los especialistas aseguran que una de las dificultades que existen en el ámbito de los ciberdelitos es la complejidad de denunciarlos.

El fraude y estafa en cuentas bancarias, como el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito, fueron algunos de los delitos que más crecieron el año pasad.

Los tipos de fraudes electrónicos más comunes durante la emergencia sanitaria fueron:

  • Suplantación de identidad de instituciones para ofrecer información, turnos para la segunda dosis y venta de vacunas contra la COVID-19: de acuerdo a expertos, en la actualidad el número de anuncios se ha triplicado y se ofrecen vacunas de dudosa seguridad a 500 dólares; incremento que desde enero de este año se sitúa en un 300%.
  • Sitios que hacen fraude mediante la venta de productos como geles desinfectantes para manos, tapabocas u otros productos solicitados.
  • Suplantación de identidad de entidades gubernamentales para solicitar donativos.
  • Ofertas fraudulentas de bancos, casas de bolsa o inversiones diseñadas para robar información bancaria.
  • Estafas a Beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): una página no oficial que se hace pasar por la de ANSES es utilizada para atraer a la gente y robar datos personales con la excusa de ofrecer un bono de 15.000 pesos. El formato del sitio es tan similar al original (cuenta con publicidad de redes, el logo, formularios a completar y el link a argentina.gov.ar) que es factible caer en el engaño.