Juan Carlos Valdez Fretes, el trabajador rural de 24 años capturado este martes en El Divisadero, no es un desconocido para el sistema judicial de Mendoza. Su detención actual, motivada por una brutal agresión que incluyó actos de tortura contra su pareja de 24 años y los dos hijos de ella (de 4 y 10 años), puso fin a una breve temporada en libertad. Al momento de su captura mediante el uso de drones y fuerzas especiales, Valdez Fretes ya contaba con dos pedidos de captura activos y un historial de violencia de género que data desde 2021, acumulando denuncias de diversas parejas y condenas previas que no lograron frenar su escalada de violencia.
El prontuario de Valdez Fretes revela una alarmante falla en las medidas de control: en mayo de 2023 fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional tras admitir lesiones leves dolosas agravadas y amenazas. A pesar de haber sido detenido nuevamente en marzo de 2024 por violar una restricción de acercamiento, recuperó su libertad en octubre del mismo año. Los nuevos detalles del incidente reciente son estremecedores; las víctimas presentaron politraumatismos severos, hematomas generalizados e incluso signos de ahorcamiento y desprendimiento de uña en el caso del niño de 4 años, evidenciando una crueldad que el fiscal Federico Bergamín calificó como una "salvaje agresión".
Tras la paliza, que se prolongó durante la madrugada del martes, el agresor huyó hacia su lugar de trabajo en una finca, llevándose el celular de la mujer para dejarla incomunicada. Fue gracias al auxilio de un vecino que la víctima pudo alertar al 911, desencadenando un operativo cerrojo de la Policía Rural y la Unidad Investigativa. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la justicia y se espera que sea trasladado de inmediato a una cárcel provincial para enfrentar cargos que, dada su condición de reincidente y la gravedad de las lesiones infligidas a menores, podrían asegurar una permanencia prolongada tras las rejas.
