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El diputado integrante de la ONG Protectora, Mario Vadillo, presentó una propuesta con la finalidad de hacer gratuito el acceso al agua potable para los clientes de los comercios del rubro de la gastronomía.

Esta propuesta menciona, entre demás justificaciones, que las Naciones Unidas dispuso que el acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Por otra parte, en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo su Observación General sobre el derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua, es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

“En cualquier establecimiento gastronómico un costo no menor a la hora de comer en Mendoza es el precio del agua mineral, que ronda los $40 y $70, siendo que en muchos locales una botella de agua mineral puede superar el costo de una gaseosa, u otra bebida”, reza parte del fragmento de la iniciativa.

La última provincia en promulgar una ley así fue la vecina Provincia de la Pampa, donde se hizo oficial la ley que obliga a todos los establecimientos de consumo de comidas contar con los elementos necesarios para poner a disposición de sus clientes el agua potable para el consumo personal de forma gratuita, sin límite de consumo y sin que deba ser solicitado por el cliente.

Si bien el hábito de pedir un vaso con agua ya está instalado en los restaurantes, estos sucede sólo en casos excepcionales en que alguien decida por beber agua de la canilla durante todo el almuerzo o la cena. Por esto es que este proyecto no tendrá un impacto negativo para las ventas de los restaurantes, ya que si es un derecho más ganado para el consumidor/cliente y para quien lo requiera.

El consumo responsable es un concepto defendido por diferentes organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que "la humanidad haría bien en cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por bienes y servicios que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social. Así como determinar qué empresas, productos y servicios respetan al medio ambiente y los derechos humanos para elegirlos frente a otros que no cumplan con estos requisitos".

Por redacción.