El día después del rechazo al proyecto de aborto legal en el Congreso Nacional estará marcado en Mendoza por una acción inversa: se reactivará en la Legislatura provincial la discusión para aprobar el protocolo del aborto no punible.

La idea es adecuar la legislación y el sistema sanitario provinciales a un ya viejo fallo de la Corte Nacional (2012) que despenalizó el aborto en casos de violaciones. Mendoza es una de las siete provincias que hasta aquí ignoró esa instrucción de la Corte de la Nación.

Hay dos proyectos sobre el tema, uno en el Senado y otro en Diputados. Las dos iniciativas quedaron frenadas por el debate de la interrupción legal del embarazo en el Congreso, ya que, si se aprobaba esa ley, se despenalizaba todo tipo de aborto y dejaba de tener sentido el protocolo.

Sin embargo, el naufragio del aborto legal en el Senado Nacional volverá a dejar a la vista que Mendoza está en falta con la interrupción del embarazo en casos especiales. Aunque aquí el sistema sanitario actúe en casos de abuso y violación, en silencio y sin marco institucional concreto, según admitió tiempo atrás el gobernador Alfredo Cornejo.

El último proyecto sobre el aborto no punible (han existido varios fracasos) surgió en la Cámara de Diputados a comienzos de junio. Lo presentó el kirchnerista Lucas Ilardo. Los jefes de todos los bloques lo firmaron y consistía en una sencilla adhesión al último protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, que data de 2015.

Prácticamente no hubo avances en comisiones de esa iniciativa. Macarena Escudero, del FIT, dijo que existía la intención de esperar hasta después del debate sobre la legalización del aborto en el Congreso Nacional y afirmó ayer que “la idea es que se trate lo antes posible”.

La propuesta podría avanzar a partir de la semana que viene. La actual estuvo marcada por la legalización del aborto en general. De hecho, este miércoles, los diputados en general aprobaron una declaración de repudio a las amenazas sufridas por la vicegobernadora Laura Montero, por opinar abiertamente a favor del aborto legal.

Más allá de la unanimidad respecto de Montero, hubo legisladores que colocaron pañuelos verdes o celestes en sus bancas, para diferenciarse entre sí. “La discusión estuvo en el ambiente”, aseguró un diputado.

De hecho, aunque el aborto no punible y la legalización total de la práctica sean cosas muy diferentes, la grieta transversal de los que están a favor o en contra se ha notado cada vez que los diputados y senadores provinciales han tenido que tratar el primer tema, que es el único en el que pueden legislar.

También hay legisladores que tienen posturas diferentes para ambas cosas: avalan el aborto no punible, pero no la interrupción legal del embarazo.

El Senado es el otro escenario en el que podría reiniciarse la discusión del aborto no punible desde la semana entrante. Allí, a diferencia de Diputados, se generó un proyecto de 24 páginas que no adhiere simplemente al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, sino que plantea un régimen propio y hasta menos permisivo que el nacional.

En el detalle elaborado por los senadores se fija, entre otras condiciones, la dosis de misoprostol (droga abortiva) que tiene que suministrarse a la paciente y otras consideraciones técnicas, como la necesidad de la internación. También admite la “objeción de conciencia” de los médicos, la cual no existe en el protocolo de la Nación.

Por una u otra vía, la Legislatura podría producir novedades, después del fracaso de los “pañuelos verdes” a nivel nacional. Aunque el debate sobre el aborto no punible siempre se traba. Sin ir más lejos, en 2012, un proyecto del radicalismo fue aprobado en Diputados y archivado en el Senado.

Fuente: Medios.