El delegado local del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), Carlos Valcarcel, acudió finalmente a la Legislatura, donde se reunió con la Comisión de Salud del Senado para explicar las razones de la crisis que padecen actualmente más de 25.000 jubilados locales debido a la  suspensión de los contratos de prestaciones de servicios ordenada por esa obra social en relación con el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari.

En la citación, también participaron los referentes de las agrupaciones que nuclean a todos los trabajadores retirados de la provincia: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y las federaciones de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este, de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.

Al respecto, el legislador justicialista Gustavo Arenas, quien propuso ese encuentro, reafirmó que lo expresado en la ocasión por Valcarcel. “Confirmó que la medida aplicada por el PAMI es similar a lo que pasó con las pensiones de discapacidad” y que, a pesar de la gravedad que reviste esta crisis generada intempestivamente, el oficialismo no ha planteado ninguna solución para que se restablezcan tanto las atenciones a los jubilados como los seguimientos de sus tratamientos y las cirugías programadas que fueron suspendidas. Con este panorama, y a la luz de lo expresado por las agrupaciones de jubilados, avizoró que se están dando las condiciones como para que de desate un conflicto social".

También se refirió al inconveniente suscitado con los medicamentos, al asegurar: “Las autoridades dieron de baja la cobertura del 100% por una metodología similar a tema de las pensiones y la gente perjudicada ahora tiene que ver si le corresponde reempadronarse. Hay 50.000 mendocinos que no se han reempadronado y el PAMI supone que eso es porque estaban en forma irregular. Nosotros creemos que no es así”.

En este sentido Arenas expresó: “Nos hemos encontrado con muchos jubilados, por ejemplo, del interior de la provincia, de zonas rurales, que no tienen la disponibilidad de hacer los trámites para reempadronarse de nuevo. Por eso creemos que es una medida muy restrictiva que un jubilado, por ser propietario o tener un vehículo a su nombre, pierda la cobertura del 100% de la entrega de medicamentos cuando eso es un derecho”.

“Específicamente –continuó señalando el senador Gustavo Arenas–, acerca de los 25.000 jubilados mendocinos que se quedaron sin cobertura en las clínicas, le preguntamos a Valcarcel cómo iban a resolver eso. Y vimos que, más allá de que ahora nos enteramos de que hay una medida judicial de no innovar, no tienen resuelto el tema. No hay nuevas clínicas. Lo que van a hacer es reasignarlos a las clínicas que ya están. Por ejemplo, la clínica Santa Clara tiene 27.000 jubilados asignados y está previsto asignarle 14.000 más. Así, lejos de resolverse, el tema se va a agravar. Lo mismo pasa con otras clínicas y, por lo tanto, no es una situación que signifique una solución concreta en el corto plazo”, concluyó el legislador.